Sentencia A. 1471/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1471/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 

AUTO 1471 DE 2024

 

 

Expediente: CJU-5711

 

Conflicto suscitado entre el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, y el Resguardo y la asociación de autoridades ancestrales del Cabildo indígena

 

Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar

 

 

Bogotá, D. C., cinco (05) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

 

AUTO

 

Aclaración previa

 

El presente asunto involucra un presunto caso relacionado con el conflicto armado. Por este motivo, la Sala advierte que, como medida de protección de la intimidad de la comunidad en general, así como del procesado y demás involucrados en el caso bajo estudio, se ordenará suprimir de esta providencia y de toda futura publicación, los nombres, datos e información que permitan la identificación de las personas involucradas. En consecuencia, la Sala dispuso que se profieran dos versiones de esta decisión; una que contenga los nombres reales y la información completa de los implicados, y otra que utilice nombres ficticios, la cual será publicada en la página web de esta Corporación.[1]

 

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación, Camilo está presuntamente vinculado al Ejército de Liberación Nacional (en adelante, ELN), en su calidad de integrante de la red de apoyo al terrorismo. En virtud de dicha vinculación, se le atribuye participación en diversos actos delictivos perpetrados en el departamento de Norte de Santander. En particular, el ente acusador señala los siguientes hechos: (i) el 24 de enero de 2020, en la vereda El Cubugón del municipio de Toledo (Norte de Santander), se habría detonado material explosivo en el oleoducto Caño Limón – Coveñas; (ii) el 6 de diciembre de 2020, en el sector Puerto Picho, vereda La China, corregimiento de Samoré, en el municipio de Toledo (Norte de Santander), miembros del Batallón incautaron y destruyeron material destinado a la fabricación de explosivos, los cuales, según la acusación, serían manipulados por el procesado y otro integrante del ELN; y (iii) el 27 de noviembre de 2020, en la vereda Mirolindo (sic) del municipio de Toledo (Norte de Santander), se habría detonado material explosivo en el oleoducto Caño Limón – Coveñas, nuevamente.[2]

 

2.                 Una vez fue radicado el escrito de acusación por el delito de concierto para delinquir agravado, el 12 de diciembre de 2023, el conocimiento del asunto fue repartido al Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta,[3] el cual fijó como fecha para la audiencia de formulación de acusación el 5 de febrero de 2024.[4] Sin embargo, dicha vista fue aplazada y finalmente tuvo lugar el 17 de abril de 2024.[5]

 

3.                 En la audiencia del 17 de abril de 2024, el defensor de Camilo expresó que las autoridades indígenas del Resguardo, mediante correo electrónico, habrían reclamado, en nombre de la Jurisdicción Especial Indígena, el conocimiento del proceso.[6] En esta oportunidad, no intervino ninguna autoridad indígena.

 

4.                 Como reseñó el defensor público del procesado, el 17 de abril de 2024, representantes de la comunidad indígena remitieron un memorial dirigido al juzgado de conocimiento para solicitar el cambio de jurisdicción del caso sub judice.[7] En dicho documento, suscrito por las autoridades indígenas del Resguardo, se argumentó que Camilo “pertenece al resguardo unido U’wa”.[8] Asimismo, en relación con el elemento territorial, la Comunidad indicó que, aunque los hechos objeto de investigación ocurrieron fuera del resguardo, es imperativo considerar la ancestralidad de los territorios.[9]

 

5.                 Respecto del elemento objetivo, la Comunidad señaló que:

 

“[S]i bien el delito de Concierto para delinquir y terrorismo, está configurado en el código penal como delito que le compete investigar y sancionar a la jurisdicción ordinaria; en el contexto socio-cultural del Resguardo se tiene una connotación similar, porque los miembros de la comunidad del Resguardo, deben responder por sus delitos de acuerdo a sus usos y costumbres manteniendo un enfoque diferencial, tal como lo establece la norma sustancial, para una persona de la sociedad mayoritaria; según lo expresa la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; ha adoptado una noción de carácter objetivo para decidir conflictos de competencia entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria. De acuerdo con esta Corporación, hay conductas que “desbordan la órbita cultural indígena” debido a su extremo grado de nocividad social. Por consiguiente, tales delitos no pueden ser conocidos por la jurisdicción especial indígena, sino que la jurisdicción ordinaria es la única competente para adelantar la investigación y el juzgamiento de estos casos. Los delitos que se han enmarcado dentro de esta categoría son los siguientes: terrorismo, rebelión, narcotráfico, contrabando, lavado de activos, porte ilegal de armas, corrupción al sufragante y los delitos de lesa humanidad”[10] (énfasis propio del texto original).

 

6.                 Finalmente, en cuanto a la capacidad institucional para investigar y juzgar delitos, la Comunidad expuso que: (i) existen mecanismos especiales de arreglo o sanción para conductas punibles cometidas tanto dentro como fuera del territorio; (ii) disponen de una estructura político-administrativa representada en los cabildos, con la capacidad de mantener una coordinación directa con las autoridades de la sociedad mayoritaria; (iii) poseen una estructura sociocultural encabezada por las autoridades tradicionales del Resguardo, encargadas de salvaguardar la base cultural del pueblo ancestral; y (iv) cuentan con un mandato ancestral que establece las sanciones y disposiciones respecto a la investigación de delitos.[11]

 

7.                 Como fundamento normativo de su solicitud, las autoridades del Resguardo citaron los artículos 7, 29 y 246 de la Constitución Política. Asimismo, hicieron referencia al artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reafirmaron los principios de aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena, contenidos en las Sentencias T-921 de 2013 y T-331 de 2021. Adicionalmente, destacaron la importancia de llevar a cabo un diálogo intercultural.[12]

 

8.                 El 20 de junio de 2024, se reanudó la audiencia ante la Juez 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta. En dicha ocasión, tras la intervención de la Fiscalía y el Ministerio Público, la representante de la Jurisdicción Ordinaria se pronunció respecto a la solicitud planteada por la Jurisdicción Especial Indígena y negó el traslado.[13]

 

9.                 La Juez 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta señaló que, en el presente caso, únicamente se ha acreditado la concurrencia del factor personal, conforme a lo expuesto por las autoridades indígenas.[14] En cuanto al elemento territorial, afirmó que las conductas imputadas habrían tenido lugar fuera del territorio indígena, según lo manifestado por la misma comunidad.[15] Asimismo, indicó que el delito de concierto para delinquir afecta a la sociedad en su conjunto y no exclusivamente a la comunidad indígena, siendo además un delito de especial gravedad en el ordenamiento jurídico.[16] Con todo, planteó la existencia de un conflicto positivo de jurisdicciones y ordenó la remisión del asunto a la Corte Constitucional para su resolución.

 

10.             El 18 de julio de 2024, la representante de la Jurisdicción Ordinaria remitió el expediente a la Corte.[17] Mediante sesión virtual del 26 de julio de 2024, fue repartido al despacho encargado y la remisión para sustanciación se realizó el 30 de julio siguiente.[18]

 

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

A.               Competencia

 

11.             De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[19] la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

 

B.                Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones. Reiteración del Auto 155 de 2019

 

12.             Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”.[20] En Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia ente jurisdicciones, respectivamente: subjetivo, objetivo y normativo.[21]

 

13.             La Sala observa que se cumplen los tres presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. En primer lugar, tres autoridades han reclamado competencia para conocer del asunto sub examine, a saber, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta y, por la Jurisdicción Especial Indígena, el Resguardo.[22] Además, existe una causa judicial sobre la que se ha generado la controversia, concretamente, la seguida en contra de Camilo. Igualmente, las ambas autoridades jurisdiccionales han invocado disposiciones normativas y jurisprudenciales para fundamentar su pretensión de competencia y se han pronunciado sobre la concurrencia de los elementos de activación del fuero indígena.

 

 

C.               Competencia y alcance de la Jurisdicción Especial Indígena

 

14.             El artículo 246 de la Constitución establece que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. Igualmente, dispone que “la ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

 

15.             La jurisprudencia ha establecido que esta jurisdicción tiene una dimensión tanto individual como colectiva. Respecto al componente individual, la Corte ha afirmado que los miembros de las comunidades indígenas tienen el derecho a ser juzgados conforme a sus usos y costumbres. En este sentido, los integrantes de estos colectivos étnicos gozan del fuero indígena, definido como “un derecho fundamental del individuo indígena que se estructura a partir de diversos factores, entre los que se encuentran el territorial y el personal”.[23] Además, la Corte ha señalado que la finalidad de este fuero es proteger la conciencia étnica del individuo.[24]

 

16.             Respecto del segundo componente, esta Corporación ha señalado que la Jurisdicción Especial Indígena actúa como una garantía para la comunidad, lo que constituye un derecho autonómico de las comunidades indígenas que tiene un carácter fundamental. En este sentido, la jurisprudencia ha establecido que la existencia de la Jurisdicción Indígena implica para las comunidades la facultad de: (i) establecer autoridades judiciales propias; y (ii) conservar o proferir normas y procedimientos propios. Lo anterior está condicionado a que estos elementos se ajusten a la Constitución y la ley, y que se mantenga la competencia del legislador para prever la forma de coordinación interjurisdiccional, sin que el ejercicio de la jurisdicción esté supeditado a la expedición de legislación particular.[25]

 

17.             Con este panorama, la Corte ha considerado que, para determinar si un asunto que, en principio, le correspondería conocer a la Jurisdicción Ordinaria, debe ser trasladado a la Jurisdicción Especial Indígena es necesario atender a los elementos (i) subjetivo, (ii) territorial, (iii) objetivo y (iv) institucional u orgánico.[26] La jurisprudencia ha definido esos presupuestos de la siguiente forma:

 

 

18.             Ahora bien, en este punto, se pone de presente que el análisis de los factores descritos debe evaluarse de manera ponderada y razonable en cada caso. Al respecto, la Sentencia C-463 de 2014 estimó que “una vez concluida la sistematización de las reglas referentes a los factores que determinan la competencia de la jurisdicción especial indígena, resulta oportuno señalar que estos criterios deben evaluarse de forma ponderada y razonable en las circunstancias de cada caso”.[37] Por esta razón:

 

“[S]i uno de estos factores no se cumple en el caso concreto, ello no implica que de manera automática el caso corresponda al sistema jurídico nacional. El juez deberá revisar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas. En cuanto a los dos últimos, deberá estudiarlos bajo la perspectiva de la diversidad cultural”.[38]

 

19.             En consecuencia, el criterio principal para la resolución de los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Ordinaria comprende una valoración ponderada entre los elementos que solamente puede darse caso a caso. En tal sentido, la falta de acreditación de uno de los cuatro requerimientos señalados no necesariamente constituye un motivo para declarar la falta de competencia de la Jurisdicción Indígena. De igual manera, la comprobación meramente formal o aparente de todos ellos, tampoco implica la pérdida de competencia automática de los jueces ordinarios.

 

 

D.               Caso concreto

 

20.             Una vez se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones, esta Corporación considera que el conocimiento del presente caso debe ser asumido por la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal, como pasa a explicarse. Este criterio se fundamenta en un análisis razonable y ponderado de los factores que activan el fuero indígena.

 

21.             En primer lugar, el elemento subjetivo se encuentra acreditado. En efecto, tal como consta en el memorial remitido al juzgado por las autoridades del Resguardo, Camilo es comunero del resguardo reclamante que, a su vez, pertenece a la asociación ancestral del Resguardo.[39] Es pertinente recordar que, en virtud de la conexión entre la autonomía y la condición de indígena, esta Corte ha concluido que dicha calidad se configura a partir de “la identidad cultural real del sujeto, que pregona su pertenencia a una determinada comunidad, y de la aceptación por parte de la comunidad de tal pertenencia e identidad”.[40]

 

22.             El elemento territorial se encuentra acreditado en su sentido estricto. Durante el desarrollo de la audiencia en la que se planteó el conflicto en cuestión, todas las autoridades jurisdiccionales coincidieron en que los hechos objeto de investigación ocurrieron fuera del territorio indígena. No obstante, en consonancia con las metodologías empleadas en el estudio de casos similares, la Sala procedió a consultar fuentes abiertas con el fin de corroborar la ubicación exacta de la comunidad reclamante y su área de influencia cultural.

 

23.             Frente a lo anterior, se tiene que, mediante el Acuerdo No. 377 de 2015, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) constituyó el Resguardo. En dicho acto, se estableció que la comunidad está ubicada en una vereda municipio de Toledo (Norte de Santander).[41] De manera similar, el Plan de Desarrollo del municipio de Toledo para el período 2024-2027 señala que la comunidad del Resguardo se encuentra dentro de la jurisdicción de dicho municipio, específicamente en la vereda Santa Marta.[42]

 

24.             Conforme a la imputación fáctica presentada por la Fiscalía, las conductas reprochadas habrían tenido lugar en las veredas El Cubugón, La China y Miralindo, todas ellas ubicadas en el municipio de Toledo (Norte de Santander). De manera que, en una primera aproximación, no se podría concluir que exista una correlación directa entre el territorio descrito en los documentos recopilados por la Sala, donde se encuentra el Resguardo y los lugares donde presuntamente ocurrieron los hechos imputados al procesado. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que las mismas autoridades indígenas han afirmado que los hechos en cuestión habrían ocurrido incluso fuera del territorio indígena.

 

25.             Ahora, como se mencionó previamente en la acreditación del presupuesto subjetivo para la configuración del conflicto, en el presente asunto, en representación de la Jurisdicción Especial Indígena, concurrió, además del Resguardo, la asociación de autoridades ancestrales del Cabildo indígena.[43] De manera que, para la observancia del cumplimiento o no del elemento territorial, la Sala deberá analizar el contexto histórico que antecede la creación del Resguardo y a la asociación.

 

26.             Al respecto, se observa que dicho resguardo tiene un periodo de constitución relativamente reciente, dado que el acuerdo correspondiente del INCODER data del año 2015. No obstante, es fundamental entender que, antes de la constitución formal del Resguardo, ya había emprendido acciones reivindicatorias en defensa de su territorio.

 

27.             El 31 de marzo de 1993, la Organización Regional Indígena a través de su Cabildo Mayor, solicitó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) la integración del territorio de sus comunidades indígenas en un Resguardo. En este contexto, en agosto de 1996, se llevó a cabo un convenio interinstitucional entre el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana, el INCORA y el Cabildo, que resultó en la elaboración de un estudio socioeconómico, ambiental, jurídico y de tenencia de tierras con el propósito de constituir dicho resguardo. Finalmente, el Resguardo fue creado mediante una Resolución del INCORA y se ubicó en los municipios de Cubará y Güicán (Boyacá); Chitagá y Toledo (Norte de Santander); Concepción (Santander); y Tame (Arauca).

 

28.             En este punto vale resaltar que, con la ampliación del Resguardo en 1999, parte del Oleoducto Caño Limón-Coveñas quedó dentro del territorio del Pueblo.

 

29.             En mayo de 2014, el Resguardo y el Estado Colombiano, representado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente, Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, INCODER y la Defensoría del Pueblo, alcanzaron un acuerdo con el objetivo de sanear el territorio del resguardo, constituir los Resguardos de Santa Marta y Pedrazas, así como llevar a cabo la “reparación del oleoducto Caño Limón-Coveñas en el punto La China”.[44]

 

30.             El recuento anterior es de relevancia para acreditar la concurrencia del elemento territorial, ya que, si bien el resguardo reclamante, en principio, es uno particular, lo cierto es que, tradicionalmente, su desarrollo integral se desprende de lo que, en su momento, constituyó el Resguardo Único, de manera que esta comunidad se ha autocomprendido como parte de un territorio más amplio, actualmente representado por la asociación de autoridades ancestrales del Cabildo indígena. Esta asociación tiene sus raíces históricas en el Resguardo, cuyo territorio abarcaba, entre otros, el municipio de Toledo, incluyendo partes del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, como se expuso en líneas precedentes.

 

31.             En otras palabras, el territorio del Resguardo se compagina con el de la asociación de autoridades ancestrales del Cabildo indígena, que comprende el del antiguo Resguardo Único, y el cual, a su vez, se corresponde con el lugar de los hechos descritos en la acusación.

 

32.             En conclusión, esta Sala encuentra acreditada la concurrencia del elemento territorial necesaria para la activación del fuero indígena.

 

33.             El elemento objetivo sugiere la remisión del caso a la Jurisdicción Ordinaria.

 

34.             Conforme a la acusación, el delito imputado al procesado es el de concierto para delinquir, tipificado en el Título XII del Código Penal como un delito que protege el bien jurídico de la seguridad pública. Este delito se configura cuando se perturba la tranquilidad y se genera desconfianza colectiva en el ejercicio de las actividades cotidianas.[45] Por lo tanto, el sujeto pasivo de este delito, y titular del bien jurídico protegido, es la colectividad en su conjunto.

 

35.             Además de que el concierto para delinquir, por su propia naturaleza, afecta el bien jurídico de la seguridad de toda la sociedad, la Sala no ignora que el acusado habría incurrido en este delito a través de su colaboración y participación en una organización criminal de especial peligrosidad para la sociedad colombiana en su conjunto,[46] como lo es el ELN.

 

36.             La comisión del delito imputado en este caso se enmarca en un contexto de macrocriminalidad. La Corte Suprema de Justicia ha definido la macrocriminalidad como “un fenómeno que trasciende el ámbito de la empresa criminal para incursionar en un aparato delincuencial organizado y jerarquizado, orientado a desarrollar múltiples frentes delictivos dentro de una amplia cobertura geográfica, que no puede ser investigada en forma tradicional como si se tratara de una gran cantidad de hechos aislados”.[47]

 

37.             Así, la Corte Constitucional ha sostenido que el delito de concierto para delinquir “puede representar una especial nocividad social, especialmente, cuando el caso atiende un problema de macrocriminalidad que afecta bienes jurídicos de titularidad del Estado. En este caso, atendiendo a que la investigación se dirige contra presuntos miembros de organizaciones macrocriminales, cobra una especial relevancia para la sociedad mayoritaria”.[48]

 

38.             En síntesis, la comisión de delitos en contextos de macrocriminalidad implica un interés especial para el Estado en su juzgamiento, dado que afecta tanto a la sociedad en su conjunto como a las comunidades específicas involucradas. Lo anterior, tal como lo establece el Auto 751 de 2021, implica analizar la incidencia del bien jurídico para la sociedad mayoritaria como para la comunidad indígena afectada, pues la especial nocividad no excluye automáticamente la competencia de las autoridades indígenas.

 

39.             Pues bien, en el presente caso, la Sala no dispone de los elementos suficientes para establecer con precisión el alcance del bien jurídico de la seguridad pública, o de un interés jurídico similar, dentro del resguardo reclamante. Cabe señalar, además, que no es exigible a las comunidades indígenas la adopción o transcripción de instituciones propias del derecho mayoritario. Esta advertencia subraya la necesidad de respetar las particularidades jurídicas y culturales de las comunidades indígenas, las cuales pueden no alinearse directamente con los conceptos y estructuras del derecho estatal.

 

40.             A pesar de que la Sala reitera que, conforme el Auto 166 de 2021, la manera como la Jurisdicción Indígena puede manifestar su interés para conocer del proceso puede ser diversa, ciertamente la argumentación presentada por las autoridades indígenas no logra acreditar de manera suficiente el elemento objetivo, ya que no queda claro cuál es su comprensión respecto a la nocividad de los hechos investigados. Para que la Jurisdicción Especial Indígena pueda asumir competencia en un caso de concierto para delinquir asociado a actos de macrocriminalidad, es esencial que se exponga de manera concreta cómo estos delitos son entendidos y valorados desde su perspectiva cultural.

 

41.             El discurso presentado no logra desarrollar de manera adecuada la nocividad de los hechos investigados, ni ofrece una explicación clara sobre cómo la Comunidad percibe y maneja la gravedad de estas conductas dentro de su marco cultural. La simple alusión a una “connotación similar” entre los delitos y su tratamiento en el contexto indígena del Resguardo no basta para demostrar que existe un interés jurídico comparable al de la sociedad mayoritaria en cuanto a la protección del bien jurídico de la seguridad pública. Para acreditar el elemento objetivo, es necesario que la comunidad explique cómo su sistema normativo aborda la peligrosidad inherente a delitos como el concierto para delinquir y al fenómeno de la macrocriminalidad.[49]

 

42.             Además, la referencia a la jurisprudencia que señala el desbordamiento de la órbita cultural indígena en casos de extrema nocividad social[50] parece, en este contexto, contradictoria con la pretensión de la autoridad indígena de asumir competencia. Al invocar esta línea, pareciese reconocerse implícitamente que ciertos delitos, debido a su gravedad y a su impacto en la sociedad en su conjunto, no pueden ser abordados adecuadamente dentro del marco de la justicia indígena. Esto debilita la argumentación presentada.

 

43.             El elemento institucional no está acreditado. Los representantes de la Jurisdicción Indígena señalaron que, en su derecho propio, (i) existen mecanismos especiales de arreglo o sanción para conductas punibles cometidas tanto dentro como fuera del territorio; (ii) disponen de una estructura político-administrativa representada en los cabildos, con la capacidad de mantener una coordinación directa con las autoridades de la sociedad mayoritaria; (iii) poseen una estructura sociocultural encabezada por las autoridades tradicionales encargadas de salvaguardar la base cultural de la comunidad étnica; y (iv) cuentan con un mandato ancestral, que establece las sanciones y disposiciones respecto a la investigación de delitos.

 

44.             La anterior exposición, junto con la manifestación de voluntad de la comunidad para llevar a cabo el proceso, constituye una primera evidencia de institucionalidad. No obstante, la Sala observa que las autoridades indígenas no lograron demostrar que poseen un andamiaje adecuado para garantizar la persecución y sanción efectiva de conductas cometidas en un contexto de macrocriminalidad.[51]

 

45.             En efecto, aunque el Resguardo y el Cabildo Mayor afirmaron contar con un sistema jurídico estructurado para la resolución de conflictos, respaldado por un compendio normativo denominado “Mandato ancestral del pueblo” de 2014, la Corte no pudo corroborar la existencia de dicho estatuto. Tras consultar diversas fuentes abiertas, la Sala verificó que en diciembre de 2014, la asociación de autoridades ancestrales del Cabildo indígena, que también participó en el presente conflicto, promulgó el Plan de Salvaguarda de la Nación. Sin embargo, dicho documento no incluye un componente de justicia propia que contenga lo mencionado por las autoridades tradicionales, es decir, las sanciones y disposiciones relativas a la investigación de delitos.

 

46.             De lo expuesto anteriormente, se desprende que no es posible constatar el cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales necesarios para acreditar la concurrencia del factor institucional. En primer lugar, desde la perspectiva de los derechos del procesado, la Sala considera que no se ha explicado de manera específica si se respetará su derecho de defensa, ni cómo se garantizará su intervención. De hecho, ni siquiera se ha indicado, de manera general, si a los comuneros se les asegura el debido proceso. En consecuencia, la Sala no puede verificar la existencia concreta de garantías para el imputado, tales como el derecho de contradicción, la posibilidad real de ser escuchado, o la presunción de inocencia.

 

47.             En segundo lugar, en el presente caso, se advierte que, con la información disponible, no consta que las autoridades indígenas hayan sancionado conductas similares a la atribuida a los procesados. Si bien esta circunstancia no excluye per se la competencia de la comunidad sobre el asunto, sugiere que la Corte podría no contar con suficientes elementos para prever con precisión cómo se aplicaría la justicia en este caso particular. Esto podría plantear ciertas dificultades en cuanto a la previsibilidad de los procedimientos y las sanciones que podrían aplicarse, especialmente tratándose de un delito que se enmarca en una tendencia de macrocriminalidad.

 

48.             En tercer lugar, es relevante destacar que, en el delito imputado, el sujeto pasivo es indeterminado, dado que el bien jurídico afectado corresponde a un interés general o colectivo – seguridad pública. En el caso concreto, no se han mencionado mecanismos de participación de la sociedad en general, tanto de la comunidad mayoritaria como de los miembros del Resguardo, en su calidad de titulares del bien jurídico colectivo presuntamente lesionado. Esto es especialmente relevante en consideración no solo la posible participación del procesado en una dinámica de macrocriminalidad, sino también en razón a los hechos específicos que se le atribuyen, como la destrucción de tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

 

49.             En resumen, el análisis conjunto y ponderado de los factores descritos permite concluir que el presente asunto debe ser tramitado ante la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal. El examen integrado de los factores objetivo e institucional revela que la gravedad de la conducta imputada al acusado, combinada con la necesidad de una evaluación rigurosa de la capacidad institucional de las autoridades indígenas para investigar y sancionar delitos enmarcados en contextos de macrocriminalidad, justifica esta decisión.

 

50.             No se ha logrado acreditar de manera suficiente que las garantías judiciales necesarias estén presentes para asegurar la protección de los derechos del procesado. En particular, la previsibilidad de las conductas, los procedimientos y las sanciones no están delineados, lo que genera incertidumbre respecto a cómo se administrará la justicia en este caso. Además, no se han establecido mecanismos de participación de la sociedad en general, que es la titular del bien jurídico colectivo presuntamente lesionado.

 

51.             En conclusión, la Jurisdicción Ordinaria es la competente para abordar este caso. En ese sentido, se remitirá el expediente CJU-5711 al Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, para que proceda con lo de su competencia y comunique la decisión a las partes, intervinientes, y a las autoridades del Resguardo y del Cabildo Mayor.

 

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto positivo de jurisdicciones ente el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, y la Jurisdicción Especial Indígena, representada por el Resguardo y la asociación de autoridades ancestrales del Cabildo indígena, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido en contra de Camilo.

 

Segundo. Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-5711 al Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, para que adelante las funciones de su competencia, y para que comunique lo pertinente a los interesados y a las autoridades del Resguardo  y de la asociación de autoridades ancestrales del Cabildo indígena.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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